La Comunidad de Madrid definió precio fijo en el taxi, trayectos compartidos y planes de amortización de licencias

La Comunidad de Madrid ya tiene definido el nuevo reglamento del taxi que recoge la opción de realizar trayectos a precio ‘cerrado’, siempre bajo precontratación, la posibilidad de vehículo compartido, que se puedan realizar planes de amortización de licencias si los consistorios lo ven oportuno y que personas jurídicas (empresas) puedan ser titulares de licencia.

Así lo recoge la modificación del decreto autonómico que ha elaborado la Consejería de Transporte y que se llevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. Según esta información, casi la totalidad de cambios sustanciales al reglamento se realizan a propuestas del sector.

La titular de este departamento, Rosalía Gonzalo, avanzó el pasado lunes en pleno conflicto del taxi que no iba a realizar una reforma inmediata para regular la VTC, al proponer una legislación desde el consenso entre ambos sectores por tramitación ordinaria, y apuntaba a la puesta en marcha en breve de este nuevo reglamento para dotar de competitividad al taxi.

Los taxistas decidieron el martes desconvocar la huelga tras no haber logrado sus principales reivindicaciones, pues aspiraban a regular la precontratación temporal de la VTC, y el miércoles ya volvieron a circular por la región para dar servicios.

En este reglamento se eleva la posibilidad de que el taxi ofrezca servicio con capacidad de hasta nueve plazas (en lugar de cinco) de cara a prevenir “intrusismo profesional”, se suprime la condición de no tener antecedentes penales para ejercer la profesión y también se quita el requisito de pérdida de permiso municipal si no se ha ejercido la actividad antes de cinco años.

También se elimina la condición de ser residente de la Comunidad de Madrid para ser taxista pero sí se establece que el vehículo esté domiciliado en la región y se posibilita que un mismo titular pueda disponer de más de tres licencias en los casos de los “herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de éste”.

Uno de los puntos principales es la opción de precio cerrado con contratación previa para el usuario, sobre todo, pensado en trayectos de origen y destino de cero emisiones.

“Este precio no podrá superar el estimado para ese recorrido conforme a las tarifas vigentes ni ser inferior al que resulte de aplicar la reducción establecida, en su caso, por el Ayuntamiento competente.

A fin de garantizar el cumplimiento del régimen tarifario, en los servicios en los que las tarifas tengan carácter de máximas, el precio se calculará en base a los parámetros utilizados, por el Ayuntamiento de que se trate, para calcular las rutas en este tipo de servicios, que los facilitará a todos aquéllos que se los requieran, velando por su buen uso”, apunta el decreto.

Además y “a fin de garantizar el cumplimiento del régimen tarifario, en los servicios en los que las tarifas tengan carácter de máximas, el precio se calculará en base a los parámetros utilizados, por el Ayuntamiento de que se trate, para calcular las rutas en este tipo de servicios, que los facilitará a todos aquéllos que se los requieran, velando por su buen uso”.

“Se posibilita que, en el caso de los servicios previamente contratados, el lugar de recogida de viajeros sea en un municipio diferente al de la domiciliación de la autorización de transporte interurbano siempre que el destino del servicio sea este último municipio”, añade la propuesta normativa.

Una de las novedades es que los municipios integrados en el área de prestación conjunta, previo informe de las asociaciones representativas, titulares y de los usuarios podrán “podrán promover la prestación de servicios con contratación previa por plaza con pago individual, siempre que ello se encuentre contemplado en la correspondiente ordenanza municipal, y se realice a través de cualquier medio que permita garantizar los derechos de los usuarios respecto de las tarifas que les sean de aplicación”.

Igualmente y por razones de ordenación del servicio, previo informe de las asociaciones representativas del sector y centrales sindicales, el Ayuntamiento “podrá establecer un número máximo diario de horas en las que los vehículos adscritos a una licencia de autotaxi puedan realizar servicios”.

También se incluye que el arriendo, traspaso o cesión de la gestión de la explotación de licencia implicara la extinción de la misma, situación que ocurre ahora por parte de ciertos titulares por una comisión al mes.

Fuente La Sexta