Alrededor de 13.500 venezolanos han solicitado asilo en EEUU

Gustavo Sánchez tenía 19 años cuando cayó preso en El Helicoide, una de las sedes de la policía política en Caracas, Venezuela. Gustavo Sánchez había cumplido 23 cuando salió por una trocha (camino de tierra) y cruzó la frontera hacia Colombia.

De ahí tomó tres vuelos que lo llevaron a Washington a reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Pero la foto de ese encuentro fue usada por Diosdado Cabello –segundo a bordo del gobierno venezolano– para acusarlo públicamente de conspiración, y ya Gustavo Sánchez no pudo volver a su país.

Hoy, con 24 años, luego de dormir sobre alfombras en casa de otros venezolanos en Miami, Gustavo Sánchez muestra un papel cuadrado con su nombre, datos y un sello que en inglés dice “Estatus de asilo”. De estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Central de Venezuela pasó a lavar inodoros y a hacer trabajos de todo tipo hasta llegar a las ventas.

“El venezolano ayuda, gracias a eso logré salir adelante. Estoy muy agradecido”, cuenta a Univision Noticias vía telefónica después de una larga jornada de trabajo y llegar a su casa después de las 9 pm. En junio de este año, recibió el documento que decide su destino: asilado político en Estados Unidos y de esa manera se convirtió en uno de los favorecidos por la orden del gobierno de resolver de inmediato las aplicaciones de asilo político que se recibieran a partir del 1ro de enero de 2018.

Pero otros paisanos que llegaron antes no han corrido la misma suerte y por lo menos hay acumulados 70,000 casos, entre 2015 y 2018, equivalentes a unas 200,000 personas porque las aplicaciones se hacen por familia. Su caso tardó tres meses en resolverse. Aplicó formalmente en marzo de 2018 y forma parte de la cifra histórica que tiene a los venezolanos como protagonistas de las peticiones en este país:

El cerco

Gustavo Sánchez fue uno de los más de 300 jóvenes venezolanos que se instaló en tiendas de campamento frente a la sede del PNUD (Programa de la ONU para el desarrollo) en Caracas, en 2014, para exigir pronunciamiento y ayuda “sobre la crítica situación que ya estábamos viviendo, ya había muertos, presos políticos, represión”, explica. Pero una madrugada, a las 2 am, fueron sorprendiendos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana quienes los apresaron, golpearon y encarcelaron.

Él pasó cuatro días detenido en el Core 5, una dependencia militar que usó el gobierno para esos casos, y luego tres meses más en la sede de la policía política (Sebin), donde sufrió torturas y malos tratos. “Cuando fui liberado, otros compañeros quedaron presos y fue cuando decidí acompañar a los familiares y luchar por la libertad de ellos y otros presos políticos”.

De esa forma, se ganó que el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, lo nombrara comisionado de Derechos Humanos de la presidencia de la AN.

En esa condición de representante de víctimas de la represión, recibió en 2017 la invitación del secretario de la OEA. Luis Almagro, a Washington.

Por esos días ya el gobierno le había quitado el pasaporte a varios de los trabajadores y allegados a la causa que Gustavo defendía, cercanos a Lilian Tintori, esposa del líder opositor y preso político Leopoldo López, con quien también se relacionaba Gustavo. “Por eso siempre supe que no podía salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía”.

Cuando estaba en Estados Unidos y Diosdado Cabello mostró la fotografía y lo acusó, él y su familia supieron que ya no podía volver. “Me había traído solo una maleta pequeña con dos trajes, ni un blue jean y muy pocas franelas, y con eso y 46 dólares empecé a rodar.

Gracias a Dios el venezolano te ayuda, la ‘resistencia’ en Estados Unidos (como denominan el movimiento opositor activo contra el régimen chavista) me apoyó mucho. Poco a poco he salido adelante, haciendo trabajos que jamás me imaginé hacer. Pero muy agradecido con este país y la oportunidad que tengo”, explica para Univision Noticias.

La represión empuja

El incremento de la petición de asilos de venezolanos en Estados Unidos coincide con un momento de represión y protestas en Venezuela en febrero de 2014, según describimos en este reportaje.

Sin embargo, de las personas que fueron entrevistadas hace tres años para esa investigación, ninguna ha recibido respuesta sobre su asilo. Diego Arcaná, por ejemplo, recibió su permiso para trabajar pero no lo han llamado para la entrevista. Él también fue víctima del abuso policial y sufrió herida en un ojo y persecución.

Isabel Martínez (resguardamos su verdadero nombre), una odontóloga que viajó con su familia a Miami desde 2016, se empieza a preocupar: “ni siquiera nos llaman para la entrevista, pero conozco a alguien que aplicó por asilo en 2014 y tampoco lo han llamado”.

En las mismas condiciones está un militar retirado de la Guardia Nacional Bolivariana que trabaja atendiendo un bar en Miami Beach y aplicó para asilo en mayo de 2016. Dice haberse negado a reprimir a quienes protestaban en Venezuela y comenzaron a ubicarlo en puestos administrativos y de educación “pero me tenían fichado y tuve miedo. Así que cuando pude, salí”, cuenta. “A mi ni siquiera me han llamado para entrevista”.

Fuente La Prensa