Ararteko: La Defensoría del Pueblo vasco
Aunque el término en español tiene el mismo significado que en Venezuela en la práctica el campo de acción es diferente
Ana Rodríguez / País Vasco
El Ararteko por su nombre en euskera –una de las lenguas que se habla en el País Vasco- o Defensoría del Pueblo en español, es una institución dirigida por una persona, igualmente denominada ararteko y elegida para un período de cinco años por el Parlamento Vasco. Siendo su alto comisionado, encargado de atender las quejas, demandas o consultas de los ciudadanos y las ciudadanas con relación a actuaciones incorrectas e irregulares de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno vasco, diputaciones forales, ayuntamientos u organismo públicos dependientes de esas administraciones) y tramitar dichas quejas conforme a un procedimiento en el que a la administración involucrada se le piden cuentas sobre su proceder. Como institución es independiente e imparcial y presta a la ciudadanía vasca un servicio público que es totalmente gratuito.
En otras palabras, su fin último, es fiscalizar el buen desempeño o no de las administraciones, en cuanto a los procedimientos de actuación que aplican, de conformidad con la Ley del Ararteko y con lo establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
En el caso de Venezuela, la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados sobre Derechos Humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.
En este sentido el papel de este organismo, es realmente la salvaguarda de los Derechos Humanos de los venezolanos en cualquier ámbito, no solo en el tema de procedimientos erróneos por parte de los organismos del Estado ceñido a las leyes provenientes de la Carta Magna y del Poder Ciudadano.
La Defensoría del Pueblo como institución en el territorio venezolano en teoría, se propone construir confianza a partir de la vigencia del Estado Social de Derecho y de Justicia y contribuir a la estabilidad institucional del país, impulsando prácticas que briden eficiencia, respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento correcto de los principios que inspiran la ética y la convivencia social.
