El divorcio en España se puede realizar de dos formas, en mutuo acuerdo, es decir, si las dos partes están dispuestas a romper el vínculo que tienen. La otra forma es un divorcio contencioso,  que se trata ya del terreno judicial, donde no hay acuerdo y se solicita la restricción del matrimonio a través de un juez que será el encargado de las pensiones, regímenes de visita y repartición de los bienes, allí el procedimiento se dilata, es una situación incómoda, que podría llegar a afectar el campo psicológico.

Por tal motivo, insisten los especialistas que si usted está en situación de abordan un divorcio actualmente, agote siempre la vía del mutuo acuerdo.

Circunstancias

Para realizar un divorcio se debemos tomar en cuenta las circunstancias familiares que esto conlleva, no es lo mismo divorciarse cuando solo está la pareja, que cuando hay hijos, además, si hay patrimonio por adjudicar y si está configurado desde el punto de vista económico hay 50% para cada uno, es decir, gananciales de lo que se haya contraído en la sociedad conyugal en mitades iguales.

Son diferentes matices que se deben abordar según las situaciones que derive cada proceso.

En tema general se dan dos formas de divorciarse en materia judicial, lo primero que se debe hacer es tratar de llegar a un acuerdo entre las partes.

El especialista en extranjería, Alejandro Casado, desde Voy a Emigrar destaca para explicar mejor la situación, que el matrimonio puede ser visto como una empresa, el código civil y la legislación española habla de que se dan connotaciones de empresa, pues casarte es asociarte a una persona tanto en lo carnal, como en lo económico y si llega el momento en el que queremos rescindir de esa sociedad de pareja, que se fue a la “quiebra” por cuestiones de pareja hay que repartir, y tener en cuenta lo que afecta y a quienes afecta: los descendientes que han surgido de esa unión matrimonial.

Siempre se debe con carácter incluso extrajudicial de llegar a un acuerdo, si hay hijos, con un régimen de visitas, de pensiones, formalizar un acuerdo para regularizar esa situación.

Matrimonio extracomunitario
¿Es mejor divorciarme en su país de origen o en España?

Si vives en España, es mejor que realices e divorcio allí y no en el país donde te casaste, porque luego podrías necesitar los documentos para hacer algún trámite de extranjería y si te has divorciado en tu país, tendrás que cancelar más dinero,  los lapsos se alargarían y tendrás que realizar además en Exequátur.

Si por ejemplo eres venezolano, te casaste en tu país, pero actualmente vives en España y quieres divorciarte, el trámite debe hacerse en España. Si hay hijos de la relación para que la ley proteja a los menores en cuanto al régimen de visitas y de pensión.

Usted se puede divorciar en cualquier país del mundo, sin embargo, debe tomar en cuenta muchos aspectos, por ejemplo una pensión de alimentos dispuesta en Venezuela, al llegar a España podría convertirse en tan solo unos céntimos.

¿Si me divorcio antes de los 3 años de haber obtenido la nacionalidad española, puedo perderla?

No, no la perdería, la nacionalidad se pierde solo por causas legales, solo debe comunicar su nueva situación o estado civil.

Exequátur

Es un procedimiento que homologa la sentencia de un tribunal extranjero para que tenga validez en ambos países, hay que resaltar que debe haber un convenio internacional entre ambos países para que dé validez el uno al otro, de sus propias sentencias. Cabe destacar que en España el que más se tramita es el de las sentencias de Divorcio.

Requisitos para el exequátur:

La sentencia tiene que ser firme, no se tiene que haber firmado en rebeldía, (que una de las partes no haya sido notificada correspondientemente) y la base fundamental que hayan llegado a un convenio.

Debe haber consentimiento de los dos, o conocer el paradero de la otra persona, un acuerdo previo, hay que comunicarle que se homologará esa sentencia en otro país.

Consulten con profesionales, cada caso es diferente, cualquier duda o solicitud pueden dirigirla a través de info@voyaemigrar.com

 La  especialista en temas de emigración María Eugenia Díaz y el abogado y especialista en extranjería, Alejandro Casado, desde Voy a Emigrar a través del Instagram Live y Facebook Live estuvieron respondiendo las preguntas de sus seguidores sobre los estados civiles en España, y quisimos traer a este espacio, las preguntas más resaltantes y así responder las dudas de quienes no pudieron seguir en vivo la transmisión.

Matrimonio

El trámite de matrimonio en España está unificado, estamos divididos en 19 comunidades autónomas y cada uno legisla en pequeños aspectos (no en materia de derecho civil, no en materia de derecho de familia) por tal motivo las propias comunidades legislan en materia por ejemplo de parejas de hecho.

Desde que una pareja decide contraer matrimonio civil, ya sea de españoles, extranjeros o español con extranjero, debe dirigirse al registro civil de su residencia, el primer requisito es estar empadronado, y les solicitarán una declaración jurada de los estados civiles (soltero, divorciado o viudo).

Si eres venezolano te exigen una carta de soltería que puedes solicitar a través de info@documentoselcriollito.com allí te explicamos el modelo que debe tener esta carta para que sea válida en España.

Los documentos deben tener menos de 3 meses de vigencia y debe traer apostilla del titular, con código de validación, (en España la apostilla debe ser personalizada).

Acto seguido de la solicitud inicial de contraer matrimonio, y de la entrega de las declaraciones juradas se debe aportar el documento de identidad si es español, pasaporte o NIE si es extranjero.

Además deben presentar certificado literal de nacimiento de los contrayentes (con un año menor de expedición del registro civil de nacimiento si es español) si se trata de extranjeros el acta tendrá que venir homologada y apostillada según sea el caso.

Además, informar las ciudades o lugares donde se ha residido los dos últimos años anteriores al matrimonio. (Normalmente este requisito se realiza con el padrón municipal, pero si ambos por ejemplo vienen de Venezuela y son pareja desde allá, deben presentar carta de residencia donde se exprese que convivían en la misma casa, mínimo durante 2 años).

En el caso de que uno de los contrayentes sea divorciado tendrá que aportar el certificado literal de matrimonio, donde se haga constar la sentencia firme de la anulación del matrimonio.

En el caso de los viudos, certificado del matrimonio anterior y certificado literal de defunción, o libro de familia donde queda expuesto el fallecimiento del cónyuge.

Para los solteros el certificado de capacidad matrimonial o certificado de soltería, en el caso de los venezolanos carta de soltería.

Para los extranjeros divorciados, certificado literal de matrimonio anterior con la anotación marginal de divorcio.

Los matrimonios solo tienen validez en el ámbito circunstancial en la que se realiza, es decir, los matrimonios establecidos en Venezuela, solo tienen validez en ese país, si quieren que ese matrimonio tenga validez en España, deben inscribirlo a través del consulado o en el registro civil.

Los viudos extranjeros deberán presentar el certificado literal de matrimonio anterior y el certificado literal de la defunción del cónyuge. (Todos los documentos de extranjeros deberán estar debidamente legalizados y traducidos.

¿En cuánto tiempo obtengo la residencia si me caso con mi cónyuge en España?

Desde que uno se inscribe y tiene el certificado literal de matrimonio en España, desde el documento que acredita que hay un vínculo, a partir de 1 año se puedeSOLICITAR la nacionalidad.

Cada persona es un mundo, hay mucha leyenda urbana en temas de extranjería, lo que hace que la gente se confunda, lo mejor es asistir con un profesional a una consulta, quien va a estudiar el caso y le dirá que procedimiento debe hacer, puedes solicitar tu cita a través de info@voyaemigrar.com

Parejas de hecho

Las parejas de hecho solo tienen validez en la comunidad autónoma en la que se tramita, solo allí surten efecto, es decir,  no puedes tener la pareja de hecho registrada en una comunidad autónoma y solicitar la residencie en otra.

Para inscribir una pareja de hecho en España en términos generales se requiere:

• Ser mayor de edad, o menor emancipado (que cuente con la autorización judicial correspondiente).
• Convivir en pareja de forma libre, pública y notoria, durante un periodo ininterrumpido de 1 año.
• Uno de los cónyuges debe estar empadronado en algún municipio de la comunidad de Madrid.

Que es mejor el matrimonio o la pareja de Hecho.

El matrimonio civil por supuesto otorga más derechos, más vínculos, pero la gran diferencia entre estos dos estados civiles está en materia tributaria, fiscal, impuestos y en materia de extranjería, pues los requisitos son distintos.

Fuente: Instagram Live/ Matrimonios, parejas de hecho

Legalizaciones académicos 

 

Cada tipo de expediente o certificado sigue unas pautas de legalización diferentes.

 

Los documentos oficiales de enseñanza superior.

Son aquellos válidos en todo el territorio nacional.

 

Aquellos que sean títulos universitarios deben ser legalizados por la:

Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.
Calle Torrelaguna, 58
28027 – Madrid

Los títulos no universitarios deberá legalizarlos el:

Servicio de Títulos y Convalidación de Estudios Extranjeros no universitarios.

Calle Los Madrazo, nº 15,  3ª planta

28071-Madrid

Ambas son divisiones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 

Los documentos oficiales de enseñanza no superior
Son los expedidos por centros docentes de una comunidad autónoma. Su legalización corresponde a la Consejería de Educación o equivalente de dicha región.

 

Los documentos de carácter no oficial expedidos por instituciones privadas

En estos casos, la legalización corresponde a un notario, colegio notarial (ver lista de los existentes en España) o a la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia (C/ de la Bolsa, 8 – 28012 Madrid).

En todos los casos, el proceso de legalización no estará completo hasta que haya sido validado por la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) y la representación diplomática o consular acreditada en España del país en el cual vaya a surgir efecto el documento.

 

De entidades religiosas

 

Los documentos de la Iglesia Católica deben ser legalizados por la Nunciatura Apostólica y/o de la Diócesis y la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55). También podrá realizarse este trámite por vía notarial.

 

 

Para aquellos emitidos por otras autoridades religiosas, se distinguen dos tipos:

• Los inscritos en Registros civiles en España como, por ejemplo, matrimonios coránicos, rabínicos o evangélicos, precisarán la legalización de: el tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma cuyo Registro civil emitiese el certificado de matrimonio, la unidad de Legalizaciones del Ministerio de Justicia (C/ San Bernardo, nº 45 – 28071 Madrid. Tel: 91 390 20 10) y la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55).
• Los no inscritos en registros civiles españoles deberán acudir a la vía notarial

En ambos casos, el proceso de legalización concluirá con la legalización por parte de la representación de la representación diplomática o consular acreditada en España del país en el cual vaya a surtir efectos el documento.

 

Certificados médicos

 

Después de que el facultativo haya rellenado el impreso oficial editado para este fin, debe firmarlo y estampar en el documento el sello que lo acredita como colegiado. A continuación, el interesado que desee obtener una legalización del mismo debe dirigirse al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (Plaza de las Cortes, 11 4º – 28014 Madrid. Tel: 91 431 77 80) o al colegio médico de su provincia. La lista de estos últimos puede consultarse en el siguiente enlace.

 

Certificados veterinarios

 

Tras obtener el certificado del veterinario debe dirigirse a la Delegación /Subdelegación del Gobierno correspondiente, donde se extenderá un certificado sanitario de animales domésticos.

Este certificado ha de legalizarse:

• En la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, situado en la calle Almagro, 33, Madrid.
• En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
• Sección de Legalizaciones.
• Y, finalmente, en la Representación Diplomática o Consular, acreditada en España, del país en que va a surtir efecto el documento, donde se aconseja consultar sobre otros posibles requisitos que puedan afectar la exportación de mascotas al país de destino.

¿Puede denegarse la legalización de un documento?

 

Sí. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no legalizará documentos en los siguientes casos:

• Cuando el original presentado no sea un documento público ni un documento privado elevado a público notarialmente.
• Cuando no contenga las legalizaciones previas por parte de otras autoridades que establece la normativa
• Cuando las firmas que deben legalizarse no se encuentren depositadas en el registro de la Sección de Legalizaciones del Ministerio.
• No obstante, toda denegación podrá recurrirse a través de los cauces que las leyes españolas establecen para ello (Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

¿Qué documentos extranjeros pueden legalizarse para ser utilizados en España?

La Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación solamente admitirá:

• Documentos públicos originales
• Copias de los mismos expedidas por el organismo emisor
• Copias compulsadas por las representaciones de España en el extranjero de documentos que previamente hayan sido legalizadas por vía diplomática o apostillados
• Copias notariales

¿Deben traducirse los documentos que se desea legalizar?

 

Para aquellos documentos emitidos por las autoridades españolas que vayan a tener efecto en el extranjero el interesado debe consultar la legislación local, que es la que establece la necesidad o no de traducción. Lo normal es que la mayor parte de los países solamente acepten documentos en su idioma o idiomas oficiales.

 

Los documentos extranjeros que vayan a tener efecto en España deben estar traducidos al español. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación solamente admitirá las traducciones oficiales:

• Realizadas en España por un traductor o intérprete jurado español nombrado por el Ministerio (estas traducciones están exentas de legalización y son válidas sin necesidad de ningún trámite adicional)
• Realizadas o asumidas como propias por una representación española en el extranjero (estas traducciones requieren ser legalizadas por la sección pertinente del Ministerio)
• Realizadas por la representación diplomática o consular en España del Estado que emite el documento (estas traducciones requieren ser legalizadas por la sección pertinente del Ministerio)

¿Qué es la legalización por vía diplomática y en qué casos se utiliza?

 

La legalización por vía diplomática es el procedimiento que se aplica para legalizar los documentos públicos extranjeros emitidos por Estados no firmantes de convenios destinados a facilitar este trámite. Por lo general, consiste en que cada una de las autoridades implicadas ejecute una legalización a título individual del documento.

 

Si se trata de un documento expedido por una autoridad no consular en el país de origen del documento intervendrá únicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de origen y la representación diplomática o consular española en dicho Estado.

 

Si se trata de un documento expedido por una autoridad consular debidamente acreditada en España, intervendrá en la legalización únicamente la sección de legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.

 

De acuerdo con la normativa aplicable a cada caso, los siguientes documentos están exentos de legalización:

• Documentos académicos que se presentan en los registros de las Embajadas y Consulados de España
• Documentos académicos que se presentan en el registro del Ministerio de Educación de España.
• Los documentos extranjeros que hayan sido legalizados por los Consulados o Embajadas de España en el extranjero que porten una etiqueta transparente de seguridad no necesitan ser legalizados en esta sección de legalizaciones.

¿Cómo se legalizan los documentos relacionados con el comercio de material bélico o similar?

 

Los documentos extranjeros relacionados con las transacciones de material de defensa o de doble uso (aquel que puede tener tanto una utilización militar como civil) pueden ser legalizados por la representación de España en el país emisor y/o por la representación del estado emisor en nuestro país. En ambos casos, el trámite deberá realizarlo un diplomático con firma registrada en la Sección de Legalizaciones de este Ministerio.

 

Los documentos de esta naturaleza requieren además una legalización ulterior por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

 

¿Qué documentos emitidos por las embajadas y consulados extranjeros en España son legalizados directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación?

Las representaciones extranjeras en España incluidas en esta lista emiten algunos documentos, como certificados de antecedentes penales y certificados de actos inscritos en registros civiles locales que son legalizados de forma directa por la Sección de Legalizaciones, con el consiguiente ahorro de molestias para el ciudadano.

 

El trámite de legalización de documentos puede ser en algunos casos complicado, largo y farragoso para los interesados. Consciente de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha habilitado un número de teléfono 91 379 16 55 y una dirección de correo electrónico legalizaciones@maec.es para resolver las dudas que se les planteen a los ciudadanos. En caso de escribir un correo electrónico, se ruega incluir nombre, apellido y teléfono de contacto.

 

FUENTE: www.exteriores.gob.es

 

 

La legalización es un acto administrativo por el que se otorga validez a un documento público extranjero, comprobando la autenticidad de la firma puesta en un documento y la calidad en que la autoridad firmante del documento ha actuado.

Todo documento público extranjero debe ser legalizado para tener validez en España y todo documento público español requiere ser legalizado para ser válido en el extranjero.

¿En qué casos no es necesaria la legalización?

Dado el creciente intercambio entre los distintos países del mundo, muchos Estados han firmado convenios destinados a facilitar este tipo de trámites a sus ciudadanos, entre ellos España.

El acuerdo más relevante en esta materia vigente en la actualidad es el Convenio de La Haya nº XII, de 5 de octubre de 1961, de Supresión de la Exigencia de Legalización en los Documentos Públicos Extranjeros más comúnmente llamado Convenio de la Apostilla.

Numerosos países se han adherido a este tratado que simplifica los trámites para el emisor y el receptor. Este texto prescribe que entre Estados miembros no será necesaria la legalización para el reconocimiento mutuo de documentos, aunque sí un sello o apostilla. Quien necesite obtenerlo, debe informarse en el Ministerio de Justicia (Calle de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel. 902.007.214). Ésta es la lista completa de países que han firmado el acuerdo.

Además existen otros convenios que eximen de la necesidad de legalizar algunos documentos. En este texto informativo elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación puede consultarse a qué países y tipos de documentos se aplican.

Para todos los casos no recogidos en alguno de los acuerdos anteriores deberá procederse a la legalización.

¿Qué documentos pueden legalizarse?

Pueden legalizarse tanto los originales de los documentos como las copias auténticas expedidas por las Autoridades de la Administración Pública que los hayan emitido, así como los testimonios de autenticidad por exhibición realizados por Notario.

¿Cuánto cuesta legalizar un documento?

La legalización será gratuita cuando la realice la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55). En caso de efectuarse en una embajada o consulado de España, conllevará el pago de una tasa. Para información más específica se recomienda contactar directamente con la representación de España en el extranjero que corresponda.

¿Caducan las legalizaciones?

No. La legalización carece de fecha de caducidad. Ahora bien, si el documento expedido tiene una duración limitada, la legalización que se efectúe sobre él también lo tendrá. Tampoco existe ningún límite de tiempo para solicitar la legalización de un documento. Ésta podrá realizarse en cualquier momento en que el interesado la solicite.

¿Qué documentos emitidos por las autoridades españolas están destinados a utilizarse en el extranjero?

De todos los documentos elaborados por las autoridades de nuestro país, los siguientes pueden tener efecto en el exterior:

Emitidos por la Administración General del Estado

Se incluyen en esta categoría los expedidos por sus autoridades y funcionarios, los organismos y entes públicos incluidos en su estructura y las entidades gestoras de la seguridad social.

Su legalización debe ser efectuada en primer lugar en la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) y en segundo lugar por las embajadas y consulados en España del país en el cual vaya a surtir efecto el documento.

Emitidos por las Comunidades Autónomas

Figuran en este apartado los documentos expedidos por sus autoridades, funcionarios y organismos públicos.

Su legalización deberán realizarla, en el siguiente orden: la Unidad de Legalizaciones de la Comunidad Autónoma respectiva (en esta lista pueden consultarse las direcciones y datos de contacto de todas ellas); la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y  de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) y las embajadas y consulados en España del país en el cual vaya a surtir efecto el documento.

Emitidos por entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Mancomunidades y otros)

La legalización de éstos corresponde en primer lugar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con dos excepciones. La primera de ellas se aplica a los documentos provenientes del Ayuntamiento de Madrid, que podrán legalizarse directamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La segunda es de carácter general y abre para todos la vía judicial o notarial.

Posteriormente, la legalización corresponderá a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) y, en último lugar, a la representación diplomática o consular acreditada en España del país en el cual vaya a surtir efectos el documento.

Notariales

Son aquellos en los cuales un notario actúa como encargado de dar fe: escrituras, actas, legitimaciones, compulsas, certificaciones y un largo etcétera.

Deben ser legalizados por vía notarial, en el siguiente orden: notarios, colegios notariales (consultar el siguiente listado de los existentes en España), Ministerio de Justicia-Legalizaciones (C/ de la Bolsa, 8 – 28071 Madrid Tel. 902007214), Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) y, en último lugar, a la representación diplomática o consular acreditada en España del país en el cual vaya a surtir efectos el documento.

Judiciales

En esta categoría se incluyen actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de capacidad matrimonial, fe de vida o estado; resoluciones judiciales, etc.

Todos ellos requieren la legalización por vía judicial. Los encargados de efectuarla son, en el siguiente orden: los tribunales superiores de justicia de la comunidad autónoma correspondiente (las direcciones se pueden consultar en esta lista); Ministerio de Justicia-Legalizaciones (C/ de la Bolsa, 8 – 28071 Madrid Tel. 902007214), Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) y, en último lugar, a la representación diplomática o consular acreditada en España del país en el cual vaya a surtir efectos el documento.

Mercantiles

Aquí se incluyen certificados de origen, certificados de libre venta, facturas de empresa y un gran número de documentos comerciales. Su legalización corresponde a distintos organismos dependiendo de la naturaleza del documento:

• Los relativos a exportaciones deberán ser legalizados por: la Cámara de Comercio de la provincia correspondiente y, posteriormente, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,  Industria y Navegación (C/ Ribera del Loira 12 – 28042 Madrid. Tel: 91 590 69 00).
• Los documentos bancarios pueden  ser legalizados por diversas entidades. Si han sido emitidos por el Banco de España, el trámite puede efectuarse en cualquiera de sus sedes (consultar lista). Aquellos emitidos por entidades bancarias de ámbito nacional pueden legalizarse en los servicios centrales de este banco o su sucursal en Madrid o en el Banco de España. Por último, los emitidos por bancos de ámbito local sin servicios centrales en la capital tienen la opción de legalizarse en las delegaciones provinciales del Banco de España. Para los documentos bancarios también existe la vía notarial.

En todos los casos, los documentos mercantiles deberán pasar siempre por la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Pechuán, 1 – 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) y, en último lugar, a la representación diplomática o consular acreditada en España del país en el cual vaya a surtir efectos el documento.

Traducciones juradas de español a otros idiomas

Éstas deberán haber sido realizadas por un traductor o intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Deberá consultarse en cada caso a la embajada o consulado del país en donde el documento vaya a surtir efecto si la traducción oficial española es válida por si misma allí. En caso contrario, deberá ser legalizada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

FUENTE: www.exteriores.gob.es

Visados Ley de Emprendedores

Esta  Ley va dirigida a los inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, así como a los cónyuges e hijos menores de 18 años.

La ley contempla una agilización de la tramitación, estableciendo con carácter general un plazo de resolución de 10 días para todos los visados que se incluyen en la ley.

El visado de residencia que se expida al amparo de la presente Ley constituye título suficiente para residir en España durante un año sin necesidad de tramitar la tarjeta de identidad de extranjero.

Requisitos generales:

• No encontrarse irregularmente en suelo español.
• Ser mayor de 18 años.
• No poseer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido en los últimos 5 años, por delitos previstos en el ordenamiento jurídico español.
• No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
• Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.
• Contar con recursos económicos suficientes para si y para los miembros de su familia durante su período de residencia en España (2.130€ mensuales para el interesado y 532€ por cada familiar que esté a su cargo).
• Abonar la tasa por la tramitación del visado.

Visado de Residencia para Inversores de Capital (RIC).

Se entiende como inversión significativa de capital, una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española o por un valor igual o superior a 1 millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

Visado de Residencia por Adquisición de Bienes Inmuebles (RIV).

Podrán solicitar este visado los extranjeros que acrediten la adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000€.

Además de los requisitos establecidos con carácter general, el solicitante deberá acreditar haber adquirido la propiedad de los bienes inmuebles mediante certificación con información continuada de dominio y cargas del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble. Dicha certificación tendrá que ser emitida dentro de los 90 días anteriores a la presentación de la solicitud del visado de residencia. Si en momento de la solicitud del visado la adquisición de los inmuebles se encontrara en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad, será suficiente la presentación de la certificación en la que conste vigente el asiento de presentación del documento de adquisición, acompañada de la documentación acreditativa del pago de los tributos correspondientes.

El solicitante deberá acreditar disponer de una inversión en bienes inmuebles de 500.000€ libre de toda carga o gravamen. La parte de la inversión que exceda del importe exigido podrá estar sometida a carga o gravamen.

Visado de Residencia para Emprendedores y Actividad Empresarial (REM).

Bajo este supuesto tienen cabida tanto los inversores que presenten un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, como los que tengan previsto entrar y permanecer en España por un periodo de un año con el fin único o principal de llevar a cabo los trámites previos para poder desarrollar una actividad emprendedora.

En el primer caso el interesado deberá presentar un informe favorable de la Oficina Comercial del ámbito de demarcación geográfica donde el inversor presente la solicitud del visado, para constatar que en el proyecto empresarial presentado concurren razones de interés general.

Debe de tenerse en cuenta que es admisible una inversión significativa de capital cuando la inversión la lleva a cabo una persona jurídica, domiciliada en un territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal conforme a la normativa española, y el extranjero posea directa o indirectamente, la mayoría de los derechos de voto y tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración.

En el caso de los Emprendedores, se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador con especial interés para España y a tal efecto cuente con un informe favorable de la Oficina Comercial donde el inversor presente la solicitud del visado.

Visado de Residencia para Profesionales Altamente Cualificados (TAC).

La solicitud de este visado requiere que por parte de la empresa se lleve a cabo la tramitación previa en España de una Autorización de Residencia para profesionales altamente cualificados, tramitación que se realizará en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. Su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones.

Visado de Residencia para Formación o Investigación (RIN).

Bajo este visado se contemplan la casuística relativa a extranjeros que desean realizar actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación en entidades públicas o privadas. Tales casos son:

1. El Personal Investigador al que se refieren el artículo 13 y la disposición adicional de la Ley 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2. El Personal Científico y Técnico que lleve a cabo trabajos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, en entidades empresariales o centros de I+D+I establecidos en España.
3. Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de investigación públicos o privados, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
4. Los profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España de acuerdo con los criterios que se establezcan reglamentariamente.

Visado de Residencia por Traslado Empresarial (TTI).

Podrá ser tramitado por aquellos extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional, con una empresa establecida en España o en otro país.

La solicitud de este visado requiere que por parte de la empresa se lleve a cabo la tramitación previa en España de una Autorización de Residencia por traslado intraempresarial, tramitación que se realizará en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. Su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones.

Visado de residencia para familiares (RFI).

La nueva Ley establece que el cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud, que se reúnan o acompañen a él  podrán solicitar un visado de residencia.

Además de los requisitos generales deberán de acreditar su relación familiar.

Fuente: Consulado General de España www.exteriores.gob.es

 El subsidio para emigrantes retornados, a pesar de ser de carácter público, es conocido por pocos. Es la prestación por desempleo a la que puedes acceder si tienes nacionalidad española y decides regresar a España. El objetivo principal de esta prestación es apoyar a aquellos españoles que desean fijar su residencia en el país, siempre que cumplan con ciertas condiciones.

El subsidio puede ser solicitado por aquellas personas que han vivido fuera de España de forma continua los últimos 6 años o más, antes de su retorno. Asimismo, deben haber trabajado y cotizado ante la Seguridad Social del país de origen al menos 12 meses.

El subsidio para emigrantes retornados es una ayuda económica ofrecida por el estado a aquellos ciudadanos españoles que decidan vivir en España. Son consideradas de la misma forma las personas nacidas en el extranjero y que poseen la nacionalidad española aunque no hayan vivido anteriormente en el país.

Requisitos

Estar en situación de desempleo.

Ser trabajador español emigrante retornado de algún país no pertenecientes a la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, Australia ni Suiza. Si vienes de Venezuela, cumples con el requisito.

Estar inscrito durante al menos un mes en una oficina de empleo española.

Aceptar el compromiso de buscar activamente empleo, conocido como compromiso de actividad.

Haber estado laboralmente activo durante al menos 12 meses durante los últimos seis años en el país de origen.

No tener ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Este requisito es imprescindible para poder obtener la ayuda.

Documentación

Tendrás que solicitar un Certificado de Emigrante Retornado, debes acudir a la Consejería de Empleo y Seguridad Social y presentar:

Trabajadores por cuenta ajena

Pasaporte español y fotocopia de las páginas de los datos personales, así como los sellos de registro y baja consular.

Baja consular impresa. Este trámite debes hacerlo antes de venir a España en el consulado correspondiente.

Constancia de trabajo firmada y sellada por la empresa en la que especifique las fechas de ingreso y egreso. En esta carta deben figurar los datos de la empresa, incluyendo el RIF y dirección.

Certificado de las cotizaciones en la Seguridad Social en el que se compruebe haber estado activo al menos 12 meses durante los últimos seis años. Si has cotizado en Venezuela, puedes presentar la constancia de cuenta individual extraída de la web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Trabajadores por cuenta propia

Pasaporte español y fotocopia de las páginas de los datos personales, así como los sellos de registro y baja consular.

Baja consular impresa. Este trámite debes hacerlo antes de venir a España en el consulado correspondiente.

Dos últimas declaraciones del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).

Baja de la empresa ante el registro mercantil o documento de venta de acciones.

Declaración jurada de actividad laboral durante al menos 12 meses durante los últimos seis años.

Adicionalmente, debes llevar otro documento que pueda comprobar tu fecha de viaje, como el billete de avión en el que se pueda comprobar la fecha de entrada a España, copias de tu pasaporte donde se vean los sellos con la fecha de salida del país de origen y/o la entrada a España, entre otros.

Una vez gestionado el Certificado de Emigrante Retornado, tendrás que aportarlo junto con los siguientes documentos:

Formulario de solicitud de subsidio de desempleo.

Si tienes DNI, preséntalo.

Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta del cual seas titular y donde recibirás el beneficio.

Aunque no figura dentro de los requisitos, puedes llevar tu volante de empadronamiento actualizado. Suelen solicitarlo para muchos trámites.

Una vez que hayas llegado a España, tienes 30 días para inscribirte como demandante de empleo en la oficina de empleo que corresponda a tu domicilio. Desde ese momento, tendrás que esperar un mes inscrito y no haber rechazado una oferta de empleo ajustada a tu perfil.

Es allí cuando comienza un plazo de 15 días para que puedas comenzar el trámite de solicitud de subsidio para emigrantes retornados. Para ello necesitarás pedir una cita en la misma oficina o llamando al 901-010-210.

El beneficio lo podrás percibir durante 6 meses, prorrogables previa solicitud del interesado, hasta un máximo de 18 meses. El importe que percibirás será del 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPEM), lo que serían aproximadamente 420 €.

Una vez finiquitado el proceso, no queda más que esperar a que el organismo correspondiente de una respuesta a tu solicitud. Recuerda que es un trámite que queda a discreción del estado y no están obligados a pagarte el subsidio.

A tu llegada a España, esta es una opción si el proceso de búsqueda de empleo demora más de lo que esperabas.

Sin embargo, debes esforzarte por acceder a un puesto de trabajo que te permita insertarte en el mercado laboral y percibir una mejor remuneración.

Por lo tanto, si quieres realizar el trámite de emigrante retornado, deberás, en primer lugar, cumplir con todos estos requisitos, y comunicarte con www.voyaemigrar.com   juntos podemos agilizar tu gestión.

Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española.

2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte.
3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.

Exclusión del ámbito de la ley

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

1. a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención del permiso de residencia.

1. b) Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España o en Conferencias internacionales que se celebren en España, así como sus familiares.

1. c) Los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo a) de este artículo.

La política inmigratoria

1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios:

1. a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;
2. b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo;
3. c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;
4. d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

 

1. e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;
2. f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;
3. g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;
4. h) la persecución de la trata de seres humanos;
5. i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;
6. j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

Integración de los inmigrantes.

1. Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.

2. Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato.

Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integración.

3. La Administración General del Estado cooperará con las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito tomando como referencia sus respectivos planes de integración.

4. De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo.

Derecho a la documentación

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada.

Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorización para permanecer en España por un periodo no superior a seis meses.

3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Derecho a la libertad de circulación

1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme.

2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y, excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.

Extraído de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.