
De fiscal de casos penales en Venezuela a un alumno más de un curso de la Cruz Roja para ayudante de cocina es el difícil paso que, como miles de compatriotas empujados por la crisis humanitaria de su país, dio Marcos Antonio Parra para empezar de cero en España cuando ha rebasado los 50 años de edad.
Parra fue fiscal octavo del estado venezolano de Lara especializado en materia penal entre 2000 y 2009, y de 2014 a 2018 fue abogado del Comité Ejecutivo de la Paz para el estado de Lara, Cepaz, con el objetivo de defender a detenidos en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
De 57 años, y padre de tres niños menores de edad, la grave crisis humanitaria impedía que su esposa fuera operada de un tumor en la cabeza y que su hijo pequeño, ahora de 6 años, pudiera ser tratado de autismo por el exilio generalizado de los profesionales venezolanos.
Además, señala que desde finales de 2017 fue objeto de presiones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y de la policía política del Estado por su labor en defensa de los derechos humanos con Cepaz, lo que le empujó, en febrero de 2018 a través del paso fronterizo con Cúcuta (Colombia), a emprender camino a Alicante (sureste de España).
Una vez en la ciudad alicantina y ayudado por un hermano, que vive aquí desde hace 2 décadas, la Cruz Roja le ha asistido para pedir el estatus de asilo y le ha facilitado un curso de ayudante de cocina en una conocida escuela del sector, junto con 80 prácticas en un restaurante, un programa que está a punto de concluir y que ha sido cofinanciado por el Ministerio español de Trabajo y el Fondo Social Europeo.
Este antiguo fiscal relata que “el principio en España fue duro por el choque emocional” ya que “jamás” se había imaginado un cambio tan radical de vida ni tener que empezar una vida prácticamente desde cero, “como si tuviera 16 o 17 años y sin saber qué hacer”.Zona de los archivos adjuntos