
España dio una lección al mundo al acoger al Aquarius cuando todas las puertas del Mediterráneo se cerraban al barco cargado de migrantes. Pero la falta de un esquema europeo que resuelva esos episodios y el récord de llegadas a las costas españolas han revertido esa apertura inicial.
Las autoridades españolas niegan ahora permisos para zarpar a los buques dedicados al rescate de migrantes e intensifican la presión a Bruselas para que se vuelque con Marruecos. El objetivo es claro: evitar la presión de esos desembarcos en un momento en que la migración se ha convertido, por primera vez, en terreno de contienda electoral.
“No se trata de un repliegue. Nuestra presión migratoria es enorme y en el Mediterráneo central [el que desemboca en Italia] no se están aplicando las reglas. Necesitamos una solución duradera para todos”, argumentan fuentes del Ministerio del Interior.
Consciente de ese panorama de confrontación, España ha optado por liquidar la estrategia inicial de abrir los brazos a buques en apuros. Los barcos de rescate de las organizaciones Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario han visto denegadas en las últimas semanas sus solicitudes para zarpar con el ambiguo argumento de que no cumplen los criterios de seguridad exigidos. En el fondo, las autoridades evitan verse en la tesitura de tener que acoger un barco de bandera española repleto de náufragos que no encuentra ningún puerto europeo para atracar.
A España, que apenas recibe solicitantes de asilo por vía marítima, le convendría la táctica italiana, pero el Gobierno la rechaza porque considera que provocaría un enorme efecto llamada. El razonamiento es el siguiente: si entre las mafias que trafican con migrantes cunde la idea de que Europa se repartirá a todos los que lleguen, el incentivo para intentarlo será mucho mayor. Fuentes diplomáticas de uno de los grandes Estados de la UE admiten que pactar un marco aceptable para todos constituye “todo un desafío”.
Con la vía del Mediterráneo central relativamente taponada, España intenta a la desesperada limitar las llegadas desde Marruecos, origen del grueso de los flujos hacia las costas del sur. Las cifras no remiten. En la primera quincena de enero llegaron a España algo más de 3.000 personas, prácticamente el triple que en el mismo periodo de 2018, según cifras oficiales españolas. Interior trata de acelerar las expulsiones, que no avanzan al ritmo deseado. En este terreno, la opacidad es enorme. En marzo, Madrid y Rabat volverán a reunirse para hablar de migración, con dos posturas claras: Madrid reclama más control y celeridad en las devoluciones, y Rabat, dinero fresco de Bruselas.
Fuente: El País