
Las comunidades autónomas incumplen sistemáticamente la obligación de dar documentos a los menores extranjeros no acompañados que tienen a su cargo.
Hasta el 30 de junio solo 2.573 niños y adolescentes contaban con una autorización de residencia en vigor. Es un número insignificante si se tiene en cuenta que según el registro oficial hay unos 12.300 menores extranjeros en acogida en España.
Los datos, obtenidos gracias a la Ley de Transparencia, revelan que solo el 21% de los menores cuenta con un documento con la autorización que le corresponde por ley.
Sin un documento que les identifique, como le ocurriría a cualquier ciudadano español sin un DNI, los niños inmigrantes no ejercen parte de sus derechos.
No pueden acceder a deportes federados, ni a cursos de formación profesional, no pueden empadronarse, ni optar a beneficios sociales, como las ayudas para el transporte.
“Un chico con un NIE [número de identidad de extranjero] es un chico al que podemos integrar y con el que podemos trabajar. Un chico sin un NIE es pura vulnerabilidad, invisibilidad y exclusión”, advierte Michel Bustillo, delegado de Voluntarios por otro Mundo, entidad que trabaja con jóvenes inmigrantes sin familia que cumplen la mayoría de edad.
Un gran testimonio de vida
Ayoub Hicho, un joven marroquí que ha dormido en las calles de cuatro países, fue uno de estos niños.
Estuvo acogido en España durante más de tres años, pero nunca tuvo su documentación en regla. A los 12 años estaba en Andalucía y a los 15 en Madrid.
Pasó por tres centros de acogida y un piso. “Nadie me hizo los papeles. Siempre me decían ‘espera, espera’. Mi partida de nacimiento y mi libro de familia siguen en Chipiona [Cádiz].
Nadie hizo nada con ellos”, cuenta en perfecto español. Sin documentos, emprendió un periplo que le llevó a los servicios sociales de Holanda, Alemania y Francia, pero tampoco le fue bien.
“Estoy seguro de que mi vida habría sido otra si hubiese tenido mis papeles”, asegura. Recién cumplidos los 18 años ha decidido volver a España.
Ahora es un adulto que habla seis idiomas, pero es más invisible que nunca. No vive, sobrevive. Está enganchado a los ansiolíticos y duerme sobre cartones en un parque del barrio madrileño de Lavapiés.
Pretende lograr ahora solo lo que las administraciones debían haber hecho por él hace seis años. “Mi sueño es tener papeles y poder trabajar. De lo que sea. Me alquilo una casa y voy a Marruecos a ver a mi madre que hace seis años que no la veo”.
El incumplimiento tiene consecuencias graves cuando los menores indocumentados llegan a los 18 años porque además de estar obligados a abandonar su centro o piso de acogida, pasan a ser inmigrantes irregulares.
Primer paso para su residencia
La tramitación de la residencia comienza en los centros de acogida de menores.
El primer paso es conseguir la documentación de los niños y, con ella, las comunidades elevan la solicitud a la correspondiente Subdelegación de Gobierno.
El proceso se lastra desde el inicio. “Los consulados de Marruecos están retrasando excesivamente la identificación y otros, como el de Guinea, bloquean el proceso al no expedir pasaportes”, denuncia Bustillo.
En 2018, solo 218 chicos entre 16 y 17 años recibieron la autorización para hacerlo, una gestión que también depende de la diligencia del centro de protección.
El número es aún menor en el caso de jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad.
Fuente El País