La mayoría de graduados universitarios que trabajan por debajo de su cualificación en el mercado europeo son españoles

Los graduados universitarios españoles siguen siendo los que desempeñan en mayor medida un trabajo por debajo de su cualificación. En 2018, el 37,6% de los egresados realizaron una labor para la que estaban sobrecualificados.

Desde 2011, cuando esa cifra era del 31%, España está a la cabeza de la Unión Europea, donde la media se sitúa en el 23,4%.

Así lo denunciaron ayer los autores del Informe CYD 2018, publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, en el que se analiza la situación del sistema universitario español.

“No hay una fórmula mágica para resolver la situación, pero la vía es que las universidades trabajen más estrechamente con las empresas para encajar la oferta de titulaciones con la demanda del mercado”, advirtió Martí Parellada, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona y coautor del estudio.

Como ejemplo de buena praxis Parellada mencionó los nuevos grados duales impulsados por la Universidad del País Vasco, que este curso ha lanzado 15 programas en los que, a semejanza de la Formación Profesional Dual, los alumnos compaginan las clases con prácticas remuneradas en empresas desde el primer año (suponen entre el 25 y el 50% de los créditos) y un tutor designado por la compañía supervisa su progreso.

“Esos programas facilitan el posterior ingreso de los universitarios a un puesto de trabajo al alargar su relación con los empleadores”, agregó el catedrático.

Otra fórmula “interesante” es la adoptada por la Universidad Pompeu Fabra y la Politècnica de Catalunya, que este año han creado por primera vez un grado en colaboración con empresas.

Parellada también apuesta por los llamados doctorados industriales, en los que el estudiante participa en un proyecto de investigación desarrollado en una empresa o Administración Pública, que en ningún caso puede ser una universidad. “Enfocar a los investigadores a la industria en lugar de a la Academia es novedoso”, explicó.

La situación de la sobrecualificación en España es alarmante y solo países como Chipre o Grecia se aproximan, con un un 35,6% y 33,9%, respectivamente.

Otros, como Portugal, Chequia, Croacia, Hungría, Dinamarca y Suecia, se mueven entre el 14% y el 17%, mientras que Luxemburgo está en el 8%. En 2018, más del 25% de los ocupados con titulación superior en España ocuparon un puesto como contables, administrativos o dependientes de tiendas. En Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido no llegaron al 20%.

El estudio señala que el “notable porcentaje” de graduados superiores en España que han de emplearse en ocupaciones que no son de alta cualificación se debe a la elevada proporción de la población adulta, de 25 a 64 años, en posesión de una titulación superior (en 2018, fue del 37,3 %, cinco puntos porcentuales por encima de la UE).

Para Francesc Solé, catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya y vicepresidente de la Fundación CYD, uno de los problemas es que el discurso gira entorno a la oferta de grados (en España se ofrecen más de 8.500) y no se habla tanto de la demanda de las empresas, y a eso se suma que los servicios de orientación profesional en la Secundaria “no funcionan como deberían”.

La Unesco recomienda un orientador escolar por cada 250 alumnos pero, en la mayoría de institutos españoles, hay un orientador por cada 1.000 estudiantes.

Solé recordó que no todo son malas noticias.

Las tasas de paro de los graduados superiores son inferiores de las del resto de la población: un 8,9% entre los que tienen entre 25 y 69 años (el doble que la media de la UE), frente al 14%.

“HAY QUE PLANTEAR OTRO SISTEMA PARA ELEGIR AL RECTOR”

Para introducir medidas que frenen la sobrecualificación, los expertos urgen a reformar la Ley de Universidades (aprobada en 1983), para dotarlas de mayor autonomía.

“Los países europeos eligen a sus rectores a través del Consejo de Gobierno, donde hay profesionales de prestigio externos a la Universidad. En España se hace por sufragio universal”, apuntó Martí Parellada, de la UB.

Ese sufragio supone que todos los estudiantes, profesores y personal de administración tienen derecho a voto y que los rectores “pueden condicionar sus decisiones a los intereses y las presiones de esos colectivos”.