Nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES

Arrendamientos urbanos

ü  Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos:

Una vez levantado el estado de alarma, aquellas personas que tengan en su contra un proceso judicial de desahucio, previa acreditación de vulnerabilidad a causa del COVID 19 y cumplimiento de requisitos, podrán solicitar la suspensión del lanzamiento por un periodo máximo de 6 meses contados desde el 02/04/2020.

ü  Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual: Los contratos cuya duración se extinga desde la declaración del estado de alarma y hasta dos meses después de su terminación, se prorrogarán a voluntad del arrendatario vulnerable hasta un máximo de seis meses más.

ü  Moratoria de la deuda arrendaticia: Para las personas en situación de vulnerabilidad por la epidemia y que no tengan alternativa habitacional, mientras dure el estado de alarma o persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses.

ü  Renovación automática de todos los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes al 02/04/2020, mediante una prórroga de seis meses en las mismas condiciones.

ü  Para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda (más de diez inmuebles), tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras, se aplicará una quita de la mitad de las cuotas no pagadas o se reestructurará la deuda para que pueda ser pagada en un plazo de tres años sin intereses.

ü  En el caso de los demás arrendadores, el inquilino en situación vulnerable podrá solicitar el aplazamiento y si el arrendador no lo acepta podrá acceder a un programa de ayudas sin coste y con el aval del Estado con el que pagar al propietario hasta seis mensualidades para devolverlo en un plazo de diez años.

Programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables:

Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos.

Se aclaran aspectos de la moratoria hipotecaria regulada en el Real Decreto-ley 8/2020:

o   El plazo de suspensión pasa de uno a tres meses.

o   Bastará con una declaración responsable para acreditar la vulnerabilidad.

o   Todos los pagos restantes se posponen durante el mismo plazo.

o   Se añade a los autónomos entre los beneficiarios, teniendo la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria

·    Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16.

·    Las medidas afectan también a fiadores y avalistas

Suministros

·    Se prohíbe la suspensión de los suministros energéticos y de agua a todos los hogares, no solo a los vulnerables, por motivos distintos a la seguridad del servicio.

·    Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico a los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

Planes de pensiones:

Se autoriza el rescate de aportaciones a planes de pensiones a las personas inmersas en ERTE y a los autónomos que hayan cesado su actividad.

Para los autónomos

ü Los autónomos y empresas afectadas por la crisis del coronavirus podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social que se deban pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%. Se solicitará durante los primeros diez días del mes de abril.

o  Se otorga una moratoria de hasta seis meses a empresas y autónomos para el pago de obligaciones con la Seguridad Social correspondientes a mayo, junio y julio, sin recargos ni intereses. Los requisitos se fijarán en una orden ministerial pero no se aplicará a las empresas exoneradas de cotizaciones por ERTE a causa del coronavirus.

o  Los autónomos cuya actividad quedó suspendida por el decreto de alarma no tendrán recargos si pagan las cuotas previas fuera de plazo.

o  Se amplían las gestiones que pueden realizar los autorizados en el Sistema RED que estarán habilitados para gestionar los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos.

Para trabajadores por cuenta propia

o  Se extiende la protección por incapacidad temporal para casos de situación excepcional de confinamiento total de la población donde vive como consecuencia del COVID-19, no puedan desplazarse a prestar servicios esenciales y no tengan otra prestación pública.

o  El subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave no se verá afectado en caso de que los trabajadores sean incluidos en un ERTE.

o  Se elimina la incompatibilidad para percibir la pensión de jubilación de los profesionales sanitarios y su reincorporación a la vida profesional.

o  Prórroga de los contratos del personal docente e investigador que se extingan durante el estado de alarma durante un periodo equivalente a la duración del estado de alarma y, eventualmente, sus prórrogas. Excepcionalmente, podrán extenderse hasta un total de tres meses adicionales.

o  Apoyo al sector de la cultura, haciendo excepción al sistema de mantenimiento del empleo establecido con carácter general en el RD 8/2020, que obliga con carácter genérico sin diferenciar entre indefinidos y temporales, debido a la discontinuidad del sector.

Para los empleados/as del hogar

o  Se crea un subsidio extraordinario para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleadas de Hogar que hayan dejado de prestar servicios total o parcialmente.

o  También las que hayan sido objeto de despido o desistimiento de contrato durante la crisis sanitaria.

o   Para solicitar el nuevo subsidio será necesario acreditar la pérdida total o parcial de la actividad con la declaración responsable firmada de la persona empleadora, la carta de despido, la comunicación de desistimiento o la baja. Tendrán derecho a un subsidio equivalente al 70% de su base reguladora en el caso de que la pérdida de actividad sea total o proporcional con la reducción de jornada.

Subsidio para los contratos temporales

Subsidio de Desempleo Excepcional por el Fin de Contrato Temporal. Podrán acceder a él las personas que disfrutasen de un contrato de, al menos, dos meses de duración que se hubiese extinguido tras la entrada en vigor del estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a una prestación por desempleo. Este subsidio tendrá un importe de 430.27€ (80% del IPREM)

Nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 sobre medidas de consumo

Viajes combinados. Las agencias podrán ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados, cuando los operadores no le reembolsen los importes correspondientes, o devolver el dinero si este bono no se ha usado tras el periodo estipulado.

Bienes o servicios no disfrutados. El consumidor o usuario podrá solicitar la resolución del contrato en un plazo de 14 días. La empresa podrá ofrecer una alternativa como la del bono o vale sustitutorio que deberá ser aceptada por el consumidor o usuario. Si en un plazo de 60 días no ha habido acuerdo entre las partes, la empresa procederá a la devolución del dinero.

Academias, residencias, gimnasios y otros servicios de tracto sucesivo. En el caso de estos servicios contratados, pero no disfrutados por el estado de alarma, la empresa podrá ofrecer la recuperación, pero deberá devolver el dinero si el cliente no la acepta.

Moratoria de créditos al consumo. Podrán solicitarla los consumidores en situación vulnerable afectados por el estado de alarma cuyas deudas superen el 35% de los ingresos de la unidad familiar y se hayan multiplicado por, al menos, un 1,3.