Se ha iniciado en España la discusión de la proposición de ley sobre el cambio climático y transición energética
El proceso final para que España cuente con una ley de cambio climático y transición energética se ha iniciado ya. El texto de la proposición de ley llegará antes de que acabe el año al Congreso. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado ya a los partidos políticos el documento de trabajo que contiene el embrión de esta norma.
Entre las propuestas que se plantean está eliminar a partir de 2040 a las ventas de turismos y vehículos comerciales que utilicen combustibles fósiles (gasolina, diésel o gas natural).
Además, en 2050 el Gobierno aspira a trabajar con los Ayuntamientos para prohibir la circulación de estos coches, es decir, de los vehículos que emiten gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono, CO2).
“Somos conscientes de que no todos los municipios se encuentran en las mismas circunstancias y cuentan con los mismos recursos”, han señalado fuentes ministeriales. También propone el Gobierno la obligación de instalar puntos de recarga eléctricos en las gasolineras, para lo que plantean diferentes plazos en función del volumen de ventas de cada establecimiento, que, sin embargo, no especifican.
El transporte es en España el alumno rezagado en la lucha contra el cambio climático. Mientras en el sector eléctrico la penetración de renovables se ha acelerado y se contempla un horizonte claro y realista en el que el 100% de la luz vendrá de fuentes limpias, en el transporte por carretera no se viaja a la misma velocidad.
El 26% de todos los gases de efecto invernadero de España proceden del transporte, principalmente, el que se hace por carretera. Y las previsiones del Gobierno indican que, si no se toman medidas, esas emisiones crecerán un 15% de aquí a 2030.
La propuesta del ministerio también incluye que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones “no más tarde de 2023”. Es decir, con áreas en las que se vete a los coches más contaminantes.
La ley, que se fija un objetivo de reducción de las emisiones de efecto invernadero para 2030 del 20% (respecto a niveles de 1990), tendrá que ser negociada en el Congreso y al no contar el PSOE con la mayoría necesaria los plazos se pueden dilatar. El Gobierno y Podemos han constituido un grupo de trabajo en el Congreso y el resto de grupos han recibido el documento hace unos días.
Fuente: El País
